Un caso real: rechazo de la Embajada de Italia en México
En un procedimiento de reconocimiento de ciudadanía italiana iure sanguinis, la Embajada de Italia en México exigió a una solicitante documentación adicional para demostrar que la persona que había declarado el nacimiento de uno de sus ascendientes estaba legalmente habilitada para hacerlo.
Se trataba de un acta de nacimiento argentina en la que la declaración había sido efectuada ante el Registro Civil por una persona autorizada por el hospital donde había ocurrido el nacimiento, conforme a la legislación argentina vigente.
El punto jurídico es simple: si el oficial del Registro Civil aceptó esa declaración y consignó en el acta la calidad en la que intervenía la declarante, esa circunstancia ya fue verificada por la autoridad competente.
Por lo tanto, exigir décadas después una prueba adicional destinada exclusivamente a demostrar la misma legitimación implica volver a comprobar un hecho que ya consta en un instrumento público.
Qué dice la jurisprudencia italiana
La Corte di Cassazione n.º 367/2003 reconoció que las certificaciones extranjeras están asistidas por una presunción de legalidad y validez, sin perjuicio de la posibilidad de controlar su autenticidad.
Cuando el documento está debidamente apostillado, la Apostilla de La Haya acredita su autenticidad formal, es decir, la autenticidad de la firma, la calidad en la que actuó quien suscribe el documento y, cuando corresponda, la identidad del sello o timbre que lleva.
En el mismo sentido, la Cassazione n.º 14545/2003 rechazó que la autoridad italiana sustituyera con su propia valoración las comprobaciones realizadas por la autoridad extranjera competente respecto del estado civil.
Esto no significa que un acta extranjera no pueda ser controlada. La Administración puede verificar su autenticidad y las formalidades necesarias para que produzca efectos en Italia.
Lo que no debería hacer es desconocer, sin elementos concretos, aquello que el propio Registro Civil extranjero ya verificó y certificó.
¿Qué ocurre si existen dudas sobre la falsedad del documento?
Una cosa es controlar un documento y otra es sostener que puede ser falso.
Si la Administración posee elementos concretos que permitan considerar que un instrumento público puede contener una falsedad susceptible de constituir un delito perseguible de oficio, el ordenamiento italiano prevé mecanismos específicos.
El art. 331 del Codice di procedura penale establece, cuando concurren los presupuestos previstos por la norma, la obligación de poner esos hechos en conocimiento del Pubblico Ministero o de la policía judicial.
Por eso, una decisión administrativa no debería fundarse en una mera sospecha de falsedad.
Si existen elementos concretos, corresponde actuar conforme a los mecanismos previstos por la ley. Si no existen, no resulta razonable trasladar al ciudadano la carga de volver a demostrar un hecho que ya consta en un acta auténtica, emitida y firmada por el Registro Civil competente.
La importancia de ejercer el derecho de defensa
Este tipo de requerimientos demuestra también la importancia de ejercer el derecho de defensa dentro del procedimiento administrativo.
La Administración puede solicitar documentación adicional cuando sea realmente necesaria, pero esa facultad no debería convertirse en una carga desproporcionada o en un obstáculo para el reconocimiento de un derecho.
La Ley 241/1990 prohíbe agravar injustificadamente el procedimiento y reconoce al interesado la posibilidad de presentar observaciones, especialmente frente a un preavviso di rigetto.
Por eso, cuando se solicita documentación innecesaria, es importante responder y explicar jurídicamente por qué la prueba ya aportada resulta suficiente.
No se trata de confrontar con la Administración, sino de exigir que cualquier decisión negativa se funde en hechos concretos y razones jurídicas, y no en una duda abstracta.
Un acta del estado civil extranjera auténtica es un instrumento público confeccionado por una autoridad competente.
Si el Registro Civil verificó la legitimación de quien realizó la declaración y dejó constancia de ello en el acta, esa comprobación no debería repetirse décadas después sin una razón concreta.
La Administración italiana puede controlar la autenticidad del documento. Pero si pretende cuestionar su veracidad, necesita elementos objetivos.
Y si esos elementos permiten considerar que existe una falsedad penalmente relevante, corresponde activar los mecanismos previstos por la ley.
Lo que no debería ocurrir es que una mera sospecha se convierta en fundamento para obstaculizar o rechazar el reconocimiento de una ciudadanía.
