La aseveración no es la corroboración de la traducción, como errónea y malintencionadamente se sostiene en las redes sociales.
De acuerdo con el Tribunal de Roma, la aseveración de una traducción es el acto formal mediante el cual el traductor, bajo juramento, certifica la correspondencia entre el texto original y el traducido. Este procedimiento es obligatorio en todos los casos en que se requiere una validación oficial por parte de un traductor cualificado. Al firmar el «verbale di giuramento», el traductor asume plena responsabilidad sobre la fidelidad y exactitud de la traducción. Según el tribunal, esta declaración debe ser realizada personalmente por el traductor o perito que redactó el documento.
En este sentido, el tribunal es categórico al establecer que solo quien elaboró la traducción puede firmar la aseveración. Por lo tanto, no existe fundamento legal para que usuarios crean que una traducción realizada en Argentina y aseverada en Italia por una persona ajena sea válida. De hecho, esta práctica no solo carece de validez legal, sino que constituye un delito. El artículo 483 del Código Penal italiano tipifica como delito las declaraciones falsas, castigadas con penas de hasta dos años de prisión.
Aunque en Italia el traductor no es una profesión colegiada (no existe un Colegio de Traductores), esto no justifica defraudar a la Administración Pública Italiana. Se espera que quien firme la aseveración posea las competencias técnicas necesarias para realizar la traducción. De hecho, muchos tribunales italianos exigen que los traductores estén inscritos en el Albo de Peritos y Técnicos del Tribunal o en el Registro de Traductores de la Cámara de Comercio, registros que requieren un riguroso procedimiento de evaluación para su inscripción como profesionales calificados. Este sistema garantiza la responsabilidad civil y penal del traductor, asegurando el valor legal del documento traducido.
Prácticas fraudulentas y sus consecuencias
Lamentablemente, numerosos connacionales han seguido recomendaciones de gestores sin escrúpulos en redes sociales, quienes sugieren traer traducciones de Argentina sin firmar para luego aseverarlas en Italia. Este esquema fraudulento ha proliferado, con gestores que ofrecen estos servicios a bajo costo (o en algunos casos, a precios exorbitantes), poniendo en riesgo los trámites de ciudadanía y perjudicando la imagen de la comunidad migrante argentina. No subestimen la capacidad de los oficiales públicos para detectar estas irregularidades.
Por ejemplo, un encargado de evaluar solicitudes de ciudadanía en un comune italiano, al ser argentino, detectó fácilmente el uso de traducciones no realizadas por profesionales o directamente elaboradas con herramientas como Google Translate, que no son adecuadas para textos jurídicos.
Otro problema recurrente son traducciones mal ensambladas con sus documentos originales, lo que obliga a los solicitantes a realizar nuevas traducciones y aseveraciones a un costo elevado. En algunos casos, estas deficiencias han llevado al rechazo de solicitudes de ciudadanía.
Si una traducción contiene errores, no es posible corregirlos en el tribunal. Se debe rehacer la traducción desde cero, pagar nuevamente el sellado de 16 euros y realizar un nuevo procedimiento. En casos en los que la aseveración fue realizada por personas ajenas al traductor, los clientes suelen enfrentarse a la incertidumbre de no saber a quién reclamar, ya que nadie asume responsabilidad por los errores.
La responsabilidad del traductor
La responsabilidad de una traducción recae exclusivamente en quien firma el documento, quien debe ser la misma persona que realizó la traducción. Si bien un traductor puede delegar ciertas tareas a asistentes, él o ella sigue siendo responsable del documento final y debe ser quien lo firme. Es completamente diferente aseverar documentos elaborados por terceros desconocidos, lo que constituye una práctica ilícita.
En este contexto, promover esta práctica como legal equivale a cometer un delito de estafa. Según el artículo 640 del Código Penal italiano, la estafa implica obtener un beneficio injusto mediante engaño, con penas de hasta tres años de prisión y multas que oscilan entre 51 y 1.032 euros. Incluso si un «influencer» no cobra por este servicio, al recomendarlo y beneficiarse de likes o visualizaciones, está obteniendo un beneficio derivado de una práctica ilegal.
¡Gestores, atención! La ignorancia de la ley no exime de responsabilidad. Quienes operan en el ámbito de la migración deben instruirse adecuadamente sobre las normativas legales aplicables.
Errores comunes y cómo evitarlos
Muchos connacionales solicitan a familiares que firmen las aseveraciones para ahorrar dinero, desconociendo que la normativa prohíbe que las traducciones sean realizadas para uno mismo, familiares o afines. Al firmar el «verbale di giuramento», el traductor declara conocer esta restricción. No arriesguen su situación legal por ayudar a un familiar; las leyes italianas son estrictas en este aspecto.
Si una traducción se realiza en Argentina, corresponde que el traductor legalice su firma y apostille dicha legalización. Es falso que un comune pueda rechazar una doble apostilla. Las traducciones, al ser documentos públicos, pueden legalizarse con apostilla para su validez internacional, al igual que las actas de estado civil. Cualquier rechazo por parte de la administración pública refleja un desconocimiento de su propia normativa, pero esto no justifica incumplir la ley.
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