L. es un ciudadano argentino que conoció a S., propietario de una empresa italiana, durante una feria de negocios. Impresionado por su formación y experiencia, S. le ofreció un puesto laboral en su empresa, ya que necesitaba incorporar mano de obra altamente calificada.
L. viajó a Italia, conoció la empresa y comenzaron a tramitar su visa de trabajo. Sin embargo, se encontraron con un obstáculo: Argentina no formaba parte del Decreto Flussi que regula las visas laborales. Tampoco era posible solicitar la Carta Blu para personal altamente calificado —exenta del Decreto Flussi— ya que L. no cumplía uno de los requisitos fundamentales: tener una formación técnica de al menos tres años.
Durante su estadía, L. conoció a otro argentino que trabajaba en la empresa y le preguntó cómo había logrado regularizar su situación. Este le contó que, si bien inicialmente fue contratado con la ricevuta del permesso di soggiorno per attesa cittadinanza, en menos de tres meses obtuvo la ciudadanía italiana iure sanguinis, ya que era descendiente de italianos. Agregó que yo lo había asesorado durante todo el proceso.
A raíz de eso, la empresa se comunicó conmigo para realizar un estudio del caso. De mi análisis técnico surgieron varios puntos clave:
La solicitud de ciudadanía debía hacerse vía judicial, ya que el linaje era materno y anterior a 1948.
Era probable que la Questura rechazara el permesso di soggiorno por tratarse de una ciudadanía judicial y no administrativa.
Si bien este tipo de permiso podía ser convertido en un permiso de trabajo, no existía normativa clara sobre la posibilidad de trabajar con la ricevuta del permesso (el comprobante de la solicitud en trámite).
Pese a estos riesgos, expuse a la empresa todas las alternativas y escenarios posibles. Aclaré desde el principio que el permiso podía ser rechazado, pero que ese rechazo podía ser impugnado ante el Tribunal Administrativo Regional (TAR). La decisión final de contratar o no a L. con la ricevuta del permesso quedaba en manos de la empresa.
Desde mi punto de vista, no existía un riesgo real, ya que L. se encontraba en situación regular en el territorio y, por norma general, los permisos susceptibles de transformación a trabajo permiten el ejercicio de actividades laborales. Además, la ricevuta se considera válida a estos fines. Esta interpretación es jurídica, aunque aún no estaba respaldada por una fuente normativa específica.
La empresa accedió a contratarlo y seguir mis instrucciones. El primer paso fue fijar residencia y presentar la carpeta de ciudadanía ante el Comune, aunque sabíamos que iba a ser rechazada por tratarse de una línea materna anterior a 1948.
El Comune aceptó la solicitud, pero nunca emitió el avvio di procedimento, documento esencial para solicitar el permesso di soggiorno ante la Questura. En cambio, emitieron un preavviso di rigetto, seguido por el rechazo definitivo. El rechazo era correcto por la línea materna, pero además incluyeron observaciones infundadas, como exigir el acta de nacimiento de la madre de la antepasada italiana y su correspondiente apostilla italiana, lo cual era un grave error, ya que la Convención de La Haya (art. 3) establece que la apostilla se utiliza para presentar documentos en un país distinto de aquel que los emite, y no cuando se utilizan dentro del mismo país.
Posteriormente, se inició la solicitud vía judicial, pero lamentablemente hubo errores por parte del estudio legal que llevó adelante la demanda. Dado que L. tenía hermanas y podía dividir los costos, los abogados decidieron presentar el caso ante el tribunal correspondiente al lugar de nacimiento del antepasado, cuando en realidad correspondía hacerlo en el tribunal del lugar de residencia de L., es decir, Torino. A pesar de que los alerté de esta situación, decidieron seguir adelante, considerando que era defendible.
Otro error fue afirmar que L. no podía trabajar con la ricevuta del permesso, luego de que el consulente del lavoro (asesor laboral) se negara a hacerle un contrato. En su lugar, le hicieron un contrato con su monotributo argentino, una solución dudosa de la que no daré mayores detalles.
Como se temía, la Questura rechazó el permesso di soggiorno, argumentando que no correspondía a un trámite administrativo sino judicial. Además, cometieron un grave error al interpretar un sello de salida del aeropuerto de Roma-Fiumicino como un sello de entrada, y sostuvieron que L. había presentado fuera de plazo su declaración de presencia (dichiarazione di presenza). Esto era incorrecto por dos razones:
Si L. hubiera entrado por Roma, no necesitaba declarar presencia, ya que se trata de una frontera italiana.
De hecho, L. había ingresado por Madrid el 14/02/2022 e hizo correctamente la declaración de presencia.
Esto demuestra el nivel de errores administrativos que pueden cometer las autoridades migratorias.
El rechazo del permiso fue impugnado ante el TAR di Torino, y en menos de un mes obtuvimos una medida cautelar favorable. Posteriormente, el juez reconoció el derecho al permesso di soggiorno per attesa cittadinanza, argumentando que su denegación constituiría una violación al artículo 113 de la Constitución Italiana, que garantiza la tutela judicial contra actos de la administración. La sentencia obligó además a la Questura a pagar las costas del proceso.
Más tarde, la Questura publicó en su sitio oficial que es posible trabajar con la ricevuta del permesso di soggiorno per attesa cittadinanza, lo que refuerza nuestro criterio jurídico inicial. Por su parte, el Tribunal de Trieste excluyó a L. del juicio de ciudadanía, ya que por regla general, los juicios deben presentarse ante el tribunal correspondiente al lugar de residencia, en este caso Torino.
Aunque los abogados no cobraron nuevamente por la re-presentación del caso, L. debió pagar 545 euros de Contributo Unificato. Esto implicó una mayor espera para obtener la ciudadanía.
A pesar de las complicaciones, este caso sentó un precedente valioso para todas aquellas personas que se encuentren en Italia y soliciten un permesso di soggiorno per attesa cittadinanza. Si bien las sentencias en el ordenamiento jurídico italiano no son vinculantes, sí son tenidas en cuenta por otros tribunales a la hora de evaluar casos similares.
La sentencia fue publicada en una revista especializada de inmigración «immigrazione.it» ver aquí
